22 julio, 2012

Sociedad condenada

"Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada."

Ayn Rand (1950)

05 abril, 2012

Decálogo de la Ley de Transparencia

54 organizaciones que forman la coalición Pro Acceso, han solicitado que la Ley de Transparencia y Acceso a la información siga este decálogo:

1.- El derecho de acceso a la información es un derecho de toda persona.

2.- El derecho se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.

3.- Este derecho abarca toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.

4.- Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.

5.- Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.

6.- Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.

7- Las denegaciones deben ser limitadas y estar motivadas.

8.-Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a sus solicitudes.

9.- Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.

10.- El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.

La opacidad corrompe

Bravo por el anteproyecto de la futura Ley de Transparencia. Cuando se apruebe esperemos que las administraciones respondan convenientemente y se convierta en una costumbre de uso común de la transparencia de este país. Qué falta le hacía una Ley como ésta desde los años 80. Ser los últimos en transparencia nos ha llevado ahora a todas estas corruptelas políticas que lucen y brillan por sus evidencias.

Les dejo un artículo de Soledad Gallego-Díaz, publicado en “El País”, sobre este tema y titulado precisamente “La opacidad corrompe”:

Con una ley que hubiera permitido el acceso libre a todos los contratos firmados por la Generalitat de Valencia o por el Gobierno de Baleares, con una Ley de Transparencia que hubiera obligado a la Administración andaluza a explicar detalladamente los gastos y financiación de los ERE, si todas las administraciones públicas españolas hubieran estado obligadas a colgar de sus páginas web las recalificaciones de terrenos y todo tipo de contratos esenciales, se hubiera podido luchar mucho mejor contra la corrupción que infecta nuestra sociedad, a todos los niveles, desde hace años.

La exigencia de que España contara con una ley similar a las Freedom Information Act, aprobada por prácticamente todos los países de nuestro entorno, es antigua y ha sido ignorada durante años, Gobierno tras Gobierno, socialistas y populares, sin dar ninguna explicación razonable. El resultado de ese gusto por el secretismo ha sido impedir que los ciudadanos (no solo los periodistas, sino los ciudadanos, en general) contaran con algunas de las mejores herramientas, internacionalmente reconocidas y contrastadas, en la lucha contra la eventual venalidad de los políticos o la corrupción y corruptelas de las administraciones. No es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y con mayor satisfacción ciudadana.

Las leyes de Transparencia, que obligan a los Gobiernos, nacional, autonómico y local, a facilitar el libre acceso a toda la documentación que obra en su poder (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional), han sido, además, grandes impulsoras de administraciones eficaces y sociedades comprometidas. No se trata de una manía de los medios de comunicación, sino de una garantía de los derechos ciudadanos y una defensa contra el secretismo innato de casi cualquier tipo de organización, por muy democrática que se proclame. Las nuevas tecnologías permiten hoy día el escrutinio de centenares, miles de datos, que, convenientemente relacionados y cruzados, en la mayoría de los casos por asociaciones ciudadanas y medios de comunicación, permiten detectar rápidamente procesos dudosos o decisiones no justificadas.

En unos momentos de crisis y de desconfianza creciente hacia los políticos, la transparencia se vuelve todavía más imprescindible para un funcionamiento correcto de la vida pública. Abrumados por los recortes y los ajustes presupuestarios, los ciudadanos tenemos derecho a acceder fácilmente a los datos, documentos y estudios que llevan a nuestros políticos a tomar las decisiones que adoptan.

¿Por qué no se pueden conocer en España, en un plazo razonable, los informes que elaboran los asesores económicos de La Moncloa y sí se pueden analizar los que realiza el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos conocer cómo deliberan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y sí leer las deliberaciones, con nombres y apellidos, de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Por qué los suecos o los daneses pueden saber la lista de personas con las que se reúnen sus presidentes y ministros y los españoles deben permanecer en la ignorancia?

Es muy importante que la nueva legislación alcance a todas las administraciones y todo tipo de organizaciones financiadas con dinero público, porque la experiencia nórdica ha demostrado que lo que resulta extraordinariamente útil es poder controlar las decisiones que se adoptan en los niveles más cercanos: ¿Qué ajuste se pedirá a cada hospital? ¿Como los organizará la administración de cada centro sanitario? ¿Está justificado el recorte de programas sociales en cada ciudad y pueblo? ¿En que se piensan emplear los recursos disponibles? ¿Cómo y por qué se deciden en España las prioridades de gasto, tanto a nivel estatal como de las autonomías?

La peor equivocación posible sería dejar el trabajo a medio hacer y que, después de tanto esperar, la ley no permitiera cumplir estos objetivos. La sociedad española necesita urgentemente un baño de transparencia, a todos los niveles, porque la situación actual y el daño causado por la opacidad de las distintas administraciones ha sido enorme. La información puede ayudar a mejorar la salud de nuestra democracia, fortaleciendo su responsabilidad. Si se va a exigir a los ciudadanos un sacrificio tan grande como el que se anuncia, lo mínimo es darle respuesta clara a preguntas elementales: ¿Quién ha tomado esa decisión? ¿Cómo ha llegado a la conclusión de que es necesaria? ¿Qué datos se han manejado y qué objetivos se persiguen?

Relación de agraciados con empleo en las últimas semanas

¿Ocurrirá en otros países como España, que cambia el gobierno y se coloca a toda la familia?

Elisa Robles Fraga

Directora General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Sobrina de Manuel Fraga Iribarne.

Víctor Calvo Sotelo

Secretario de Estado de Telecomunicaciones. Hijo de Leopoldo Calvo Sotelo, ex Presidente del Gobierno

José Ramón Bujanda Sáenz

Presidente de SAECA empresa pública participada por la SEPI y el Ministerio de Agricultura

Cuñado de Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura

José Miguel Martínez

Presidente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) dependiente del Ministerio de Hacienda. Concuñado de Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda

Ángeles Alarcó Canosa

Presidenta y Consejera Delegada de Paradores Nacionales

Ex mujer de Rodrigo Rato, ex Vice Presidente del Gobierno y Presidente de Bankia

Ricardo Cospedal García

Futuro Director de la Fundación Carolina. Ha renunciado al cargo tras asistir a reuniones de traspaso. Hermano de María Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP y Presidenta de Castilla La Mancha.

Ignacio López del Hierro

Propuesto como Consejero de Red Eléctrica. Tras hacerse público se ve obligado a renunciar. Marido de María Dolores de Cospedal

Rafael Rodríguez Ponga

Propuesto para Secretario General del Instituto Cervantes. Mientras tanto continua de Diputado

Hermano de María Flavia

María Flavia Rodríguez Ponga

Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones. Hermana de Rafael Rodríguez Ponga

Alberto Nadal Belda

Vicesecretario de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la CEOE. Propuesto para ser Consejero de Red Eléctrica que tras hacerse público se ve obligado a renunciar. Hermano de Alvaro Nadal Belda

Alvaro Nadal Belda

Director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno con rango de Secretario de Estado. Hermano de Alberto Nadal y casado con María Teresa Lizaranzu Perinat

María Teresa Lizaranzu Perinat

Directora General de Política e Industrias Culturales y del Libro. Casada con Álvaro Nadal Belda

Rafael Catalá Polo

Secretario de Estado en Fomento

Hermano de Raquel Catalá Polo Raquel Catalá Polo.

José Canal Muñoz

Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Casado con Sonia Ramos Piñero

Sonia Ramos Piñeiro

Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Casada con José Canal Polo.

Carmen Gámir

Jefa de Prensa de la Secretaria de Estado de Presupuestos. Compañera sentimental de Alberto Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia

Marcelino Oreja Arburua

Nombrado Presidente de la Entidad Pública Empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Hijo de Marcelino Oreja Aguirre, ex diputado y ex Ministro de Asuntos Exteriores.

Miguel Cardenal Carro

Presidente del Consejo Superior de Deportes. Hijo de Jesús Cardenal, ex Fiscal General del Estado con José María Aznar.

Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre

Asesor del Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Hijo de Esperanza Aguirre

María Zaplana Barceló

Asesora en la Secretaria de Estado de Turismo. Hija del exministro Eduardo Zaplana

Iván de la Rosa

Letrado en el Área Jurídica de Telefónica. Marido de Soraya Saénz de Santa-María. Vicepresidenta del Gobierno.